Moral y realidad son los dos pilares en que se asienta el Derecho. Si quitamos a la moral su papel de inspiradora del Derecho y encima trastocamos la realidad con una visión voluntarista de lo humano, de los acontecimientos y de las cosas, obtendremos un derecho puramente formal, una superestructura apta para acoger un contenido normativo en gran parte inicuo que es el propio de los totalitarismos.
Y que conste que empleo la expresión “en gran parte”, porque incluso en el Derecho de los Estados totalitarios, se conserva una porción nuclear que permite organizar las relaciones entre los individuos y las de éstos con el poder de una manera aparencialmente justa a tenor de los principios rectores emanados de la jefatura personal (fascismos) o de la nomenclatura colectiva (comunismo). En materia de eficacia gubernativa, peor es la incoherencia que la injusticia.
Lo que distingue, pues, a los regímenes totalitarios, de otros que no lo son, no es su supuesta ineficacia o su abuso respecto a los aspectos básicos y elementales del Derecho que aseguran la convivencia material ordenada, sino el aspecto hipertrófico de su acción sobre otros sectores del cuerpo social. Dicha hipertrofia se traduce en una absolutización de lo político-público en detrimento de la libertad y de la responsabilidad de las personas y de los grupos que constituyen la fuente de lo político-social.
Si esto quedó perfectamente claro respecto al Nacionalsocialismo y al Socialismo real llamado comúnmente Comunismo, lo andado del XXI ha aportado un dato nuevo: las democracias tampoco están a salvo de la tendencia a la absolutización del poder. Cierto que el camino es distinto para los estados totalitarios “es radice”que para las democracias totalizantes, pero el resultado es parecido.
No deja de ser curioso que, por causas que no es del caso exponer, este fenómeno esté tomando en la España autonómica un carácter paradigmático. El Estado, o los micro Estados in fieri que son las autonomías, rebasan ampliamente el límite de los papeles que corresponden a los poderes públicos y asumen, a vista y paciencia de todos, las funciones que corresponden a la sociedad general y a los cuerpos intermedios a los cuales anula o instrumentaliza. Tal es caso de los sindicatos (subvencionados),de los partidos políticos (subvencionados) de las ONGs (subvencionadas), de las empresas de imagen (subvencionadas), de las Cajas de ahorro manipuladas, de los medios de comunicación con disimulado trato de entidad más favorecidas y de las familias de sangre sustituídas en sus roles por los poderes públicos . Y hay más.
Y que conste que empleo la expresión “en gran parte”, porque incluso en el Derecho de los Estados totalitarios, se conserva una porción nuclear que permite organizar las relaciones entre los individuos y las de éstos con el poder de una manera aparencialmente justa a tenor de los principios rectores emanados de la jefatura personal (fascismos) o de la nomenclatura colectiva (comunismo). En materia de eficacia gubernativa, peor es la incoherencia que la injusticia.
Lo que distingue, pues, a los regímenes totalitarios, de otros que no lo son, no es su supuesta ineficacia o su abuso respecto a los aspectos básicos y elementales del Derecho que aseguran la convivencia material ordenada, sino el aspecto hipertrófico de su acción sobre otros sectores del cuerpo social. Dicha hipertrofia se traduce en una absolutización de lo político-público en detrimento de la libertad y de la responsabilidad de las personas y de los grupos que constituyen la fuente de lo político-social.
Si esto quedó perfectamente claro respecto al Nacionalsocialismo y al Socialismo real llamado comúnmente Comunismo, lo andado del XXI ha aportado un dato nuevo: las democracias tampoco están a salvo de la tendencia a la absolutización del poder. Cierto que el camino es distinto para los estados totalitarios “es radice”que para las democracias totalizantes, pero el resultado es parecido.
No deja de ser curioso que, por causas que no es del caso exponer, este fenómeno esté tomando en la España autonómica un carácter paradigmático. El Estado, o los micro Estados in fieri que son las autonomías, rebasan ampliamente el límite de los papeles que corresponden a los poderes públicos y asumen, a vista y paciencia de todos, las funciones que corresponden a la sociedad general y a los cuerpos intermedios a los cuales anula o instrumentaliza. Tal es caso de los sindicatos (subvencionados),de los partidos políticos (subvencionados) de las ONGs (subvencionadas), de las empresas de imagen (subvencionadas), de las Cajas de ahorro manipuladas, de los medios de comunicación con disimulado trato de entidad más favorecidas y de las familias de sangre sustituídas en sus roles por los poderes públicos . Y hay más.
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