La "Representación" Política

En torno a la palabra representación, -tal como he repetido en otras ocasiones-, suele producirse un serio equívoco o malentendido. Porque, si por una parte representación es el acto de hacer simbólicamente presentes a través de gestos, palabras y actitudes, una serie de temas, acciones y argumentos de modo que capten la atención y exalten la imaginación del público, como sucede en una obra de teatro, en un filme o en un video; por otra, representación es también el medio por el cual los actos de una persona física surten efecto en la esfera jurídica de otra, como cuando el tutor actúa en representación del menor tutelado.

En ambos casos estamos ante realidades sui generis. En el primero, se trata de la realidad artística configurada a través de las convenciones teatrales y cinematográficas. En el segundo, de la realidad jurídica configurada a través de la ficción.

De ambas realidades ficticias – la artística y la jurídica- participa por igual la representación política, siquiera la orientación de las ciencias sociales y del arte de la comunicación ha desequilibrado la balanza a favor de lo teatral que, hoy en día, adquiera singular relieve, especialmente en el transcurso de las campañas electorales.

El equívoco al cual nos referíamos líneas atrás, se produce porque la representación política, que es una realidad ficticia e ideal, es confundida con la realidad objetiva. Se pierde, pues, de vista que, siendo el derecho al sufragio el medio jurídico por el cual se otorga significado político al acto de votar, la voluntad general que del sufragio resulta, no es la voluntad empírica real de todos o de la mayoría, tal como la propaganda da a entender -y como todos terminan creyendo- sino un mero expediente instrumental y técnico que atribuye la condición y efectos de voluntad general a lo que es sólo un dato extraído de la estadística.

De allí que carezcan de otra base que la puramente metafórica ciertas afirmaciones como la que sostiene que el Presidente o el Gobierno resultantes de unas elecciones generales y -tratándose del Reino de la Diecisiete repúblicas- que el Presidente, el President, el Lehendakari, o el Gobierno o Gubern resultantes de unas elecciones autonómicas, son el Presidente y el Gobierno de todos en el sentido simplista de que representan la voluntad efectiva de todos y cada uno de los ciudadanos del Estado o de la Autonomía y de que actúan a favor de ellos.

Ciertamente las decisiones del gobierno surgido de las urnas afectarán a todos, sea cual fuere el contenido inmediato de esas decisiones o el resultado previsible de las mismas. Pero este hecho está muy lejos de avalar la creencia que consiste en suponer que todos los actos del Presidente o del Gobierno, o que todas las leyes aprobadas en las cámaras legitimadas por la representación política surgida de las elecciones tengan forzosamente que ser consideradas sin más como favorables a los intereses de los diversos grupos, facciones y organizaciones en que se aglutina el conjunto de los votantes

Lo que hace el sistema democrático es determinar quién deberá gobernar en un período determinado y, -talantes y simpatías aparte-, con qué orientaciones y con qué intención se gobernará de allí en adelante por un determinado período de tiempo.

De allí que la verdadera madurez del electorado -en el sentido de “demos” que comprende todos los grupos y los subgrupos- no sea el adherirse mansamente y a posteriori al triunfo de la mayoría precisamente cuando pasadas las elecciones y realizado el escrutinio vuelve la ciudadanía a la pasividad que el sistema le reserva, sino por la conciencia que, en el momento de ejercer el derecho de sufragio, hayan adquirido los electores acerca de la responsabilidad que sobre cada uno de ellos recae al favorecer con su voto una lista o la otra, o elevar al poder a esta o a aquella persona. Votar, pues, exige al ciudadano tomar sus precauciones buscando información más allá de lo que dicta la propaganda y medir las consecuencias. El futuro no se deja manosear impunemente. Quien lo descuida lo paga.

Creo que el carácter general de la representación ostentada por gobernantes que han llegado a serlo en virtud del voto emitido a través de los cauces partidistas -que hoy por hoy son los usuales- no es algo que se produzca automáticamente y que sea dable esperar sin más trámite y sin mayor preocupación.

Los partidos, como su misma denominación está proclamando, son hoy inevitablemente partes, parcialidades, partículas, parcelas organizadas para alcanzar y retener el poder, y para ejercerlo de acuerdo a sus ideologías que pueden ser aberrantes, engañosas o interesadamente simplistas.

En sentido general, cada partido ha de ir y va a lo suyo, aunque dentro de un orden, si así se quiere llamar al límite que supone no deshacer lo hecho por gobiernos anteriores, sino de acumular lo nuevo con lo ya logrado. Que los partidos actúen de acuerdo o no a los intereses generales, que de alguna manera velen por los ciudadanos todos, que de hecho actúen como representantes o mandatarios de la totalidad ciudadana es un desideratum que no depende de lo que las leyes determinen –si llegan a determinarlo- ni de lo que la propaganda diga, sino de otros factores como son el grado de polarización entre los partidos, la contraposición o la afinidad de los principios que cada formación sostiene, de la mayor o menor compatibilidad de los objetivos que cada partido se proponga conseguir mediante el ejercicio del poder. En las elecciones, así como en otras convocatorias de la misma guisa, sigue siendo una verdad no sujeta a revisión el antiguo aserto: civitas vel domus divisa contra se non stabit. La ciudad o la casa dividida contra sí, no permanece.